Derechos y servicios para los niños indocumentados e hijos de inmigrantes indocumentados

Adoptada en enero de 1994 – Revisada en febrero de 2018 – Comisión de Salud y Asuntos Comunitarios

PTA del Estado de California reconoce que Estados Unidos tiene una larga historia de inmigrantes que vienen a este país en busca de una vida mejor para ellos y sus familias, y que la mezcla de culturas a causa de esto enriquece a nuestra nación.

PTA del Estado de California cree que todos los niños que residen en California, independientemente de su estatus migratorio o el de sus padres, tienen derecho a acceder a una educación pública de calidad, alimentos y vivienda adecuada y servicios básicos de salud. PTA del Estado de California también considera que los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno de los Estados Unidos deben asumir completa responsabilidad por las políticas federales de inmigración y el impacto fiscal resultante en los estados.

PTA del Estado de California también cree que es de beneficio para todos los Californianos asegurarse de que todos los niños, independientemente de su estatus migratorio o el de sus padres, tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial y convertirse en miembros productivos de la sociedad. El acceso a una educación pública gratuita es el método más efectivo para asegurar esta oportunidad, y no se le debe negar a ningún niño. De hecho, la Corte Suprema de los Estados Unidos concluyó en Plyler v. Doe (1982) que los niños de edad escolar indocumentados tienen derecho a tener acceso a una educación pública de alta calidad y gratuita del K-12.

PTA del Estado de California cree que a los niños indocumentados de edad escolar no se les debe negar constructivamente una educación gratuita mediante la coacción, la recolección de datos ilegales, la creación de perfiles o la interferencia a través de amenazas de deportación. Permitir tal cosa sería una ejecución hipotecaria sobre sus futuras contribuciones a nuestra sociedad.

Las escuelas públicas son instituciones de aprendizaje y no son puntos de recolección, por lo tanto, no se debe poner a las escuelas públicas en la posición de determinar el estado legal de los niños inmigrantes ni exigir que acaten las leyes de inmigración. Además, el distrito escolar no debe reportar voluntariamente a los estudiantes indocumentados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) u otras autoridades de inmigración porque tales acciones pueden constituir como una prohibición de acceso a la educación bajo Plyer. El Servicio de Inmigración y Naturalización es la agencia federal con jurisdicción sobre la política de inmigración federal y debe asumir la plena responsabilidad de hacer cumplir esa política.

Las escuelas deben definirse en el estatuto como “lugares sensibles” y los funcionarios y agentes de Inmigración e ICE deben abstenerse de tomar medidas coercitivas contra los estudiantes en escuelas, incluyendo escuelas preescolares, primarias, secundarias, preparatorias, institutos y universidades, y otras instituciones de instrucción, como escuelas de carrera técnicas.

PTA del Estado de California apoya la confidencialidad de los documentos escolares, incluyendo los documentos relacionadas al estado migratorio de los niños. El acceso sin restricción a los archivos escolares para determinar dicho estado puede suponer una amenaza de consecuencias no deseadas debido a que cualquier material en el archivo del alumno no este correcto. PTA del Estado de California apoya el mantenimiento de registros escolares oficiales, de manera electrónica, según la medida requerida por el estado y el distrito escolar solo con fines educativos.

PTA del Estado de California apoya los programas federales de nutrición infantil, que incluyen comidas escolares, que ofrecen a todos los niños, independientemente de su estado migratorio, un beneficio importante que combate el hambre y mejora el crecimiento físico, académico y emocional de los niños.

PTA del Estado de California cree que las entidades federales, estatales y locales tienen la responsabilidad de contribuir al bienestar de los niños ofreciéndoles atención médica y otros servicios sociales necesarios en sus áreas. Negar estos servicios a los niños, independientemente de su estado de ciudadanía, puede poner en peligro a las comunidades y causar serios problemas sociales y de salud.

 

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